"Hemos acordado en primer lugar que se levanta prácticamente toda movilización que hay en Cochabamba", dijo a los periodistas al final del encuentro de casi siete horas, que buscó la pacificación del país convulsionado desde el 20 de octubre, tras los comicios que fueron denunciados por fraude.La comitiva gubernamental que asistió al encuentro estaba integrada por los ministros de la Presidencia, Jerjes Justiniano; de Comunicación, Roxana Lizárraga; de Gobierno, Arturo Murillo; de Salud, Aníbal Cruz; y de Defensa, Fernando López.
Por el lado de las organizaciones sociales, estuvieron representantes de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Asociación de Municipios de Cochabamba, además de la Gobernación de Cochabamba y el Defensor del Pueblo.
Según Justiniano, el acuerdo que tiene 16 puntos determinó, además, el inmediato repliegue del contingente militar y policial de los puntos bloqueados.
"Que no sea casualidad que esto se desarrolle en el centro de Bolivia, queremos que esto se expanda prácticamente a toda Bolivia. Por esa razón, tenemos la esperanza de que, en las próximas horas, vamos a tener una Bolivia tranquila, en paz, transitable", complementó.El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, detalló que el documento suscrito menciona también la creación de una comisión que trabajará en el tema de la atención de las familias de los fallecidos, los heridos y los casos de los detenidos preventivos durante la convulsión social.
"Vamos a hacer, por otro lado, una evaluación con la Fiscalía, con el Ministerio de Justicia, donde los presos que no tengan nada que ver, que han sido agarrados simplemente en los disturbios, seguramente, los soltarán, pero aquellos que han sido agarrados con armas, con dinamitas, tienen que ser procesados por terrorismo o por sedición", dijo.El presidente de la Región del Cono Sur, Wilder Quiroz, dijo que "la abrogación del Decreto Supremo 4078 en un plazo de 48 horas" es parte del acuerdo.
Dicho decreto exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas (FFAA) en caso de "legítima defensa o estado de necesidad".
El presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba, Héctor Arce, manifestó que el acuerdo contiene también un acápite que garantiza la continuidad de los proyectos y los programas estatales en plena ejecución.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Jhonny Pardo, señaló: "Falta el tratamiento de la Ley de Pacificación que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (...) Esperemos que se llegue a un feliz acuerdo y que eso sea promulgado por el bien de todos los bolivianos".
A su turno, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, aseguró que la firma del acuerdo es una "señal muy buena del restablecimiento de la paz" y pidió que sea el ejemplo para procesos de concertación similares que se realizan en el resto del país.
